Inprocedente, el juicio cuidadano contra la elección en la UAG, declara el TEE

Hugo Pacheco León / Berenice Reyes / Chilpancingo

El Tribunal Electoral del Estado (TEE) consideró que no se violentó ningún derecho político del candidato a rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) por el Gran Frente Universitario (GFU), Rogelio Ortega Martínez, y por unanimidad resolvieron en la sesión de ayer desechar el juicio de protección de los derechos ciudadanos que interpuso, con lo que queda firme el triunfo de Ascencio Villegas Arrizón.
En reacción a esta resolución el representante legal del ex candidato Ortega Martínez, Abad Torres Benítez, aseguró que aún tienen la vía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), para retomar esta denuncia “toda vez que los magistrados del estado no quisieron actuar, posiblemente bajo consigna del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo”.
Y es que Rogelio Ortega en el pasado mes de marzo presentó una impugnación para anular el proceso electoral de elección de rector en la UAG para elegir al nuevo rector de esa institución, bajo el argumento de que fue violado su derecho a ser votado.
En la resolución aprobada por unanimidad, se establece que el derecho a ser votado sólo aplica para todo aquel ciudadano que participe en un proceso electoral para renovar los poderes públicos del Estado, como son el Ejecutivo y el Legislativo, así como los Ayuntamientos.
Y que en el caso particular de la elección de rector de la UAG, aún cuando es una institución pública no se elije al rector mediante el voto popular de los ciudadanos guerrerenses, sino que participa la comunidad universitaria que la integran alumnos de distintos niveles que en su mayoría no revisten el carácter de ciudadanos.
El ponente de la resolución fue el magistrado presidente de la Quinta Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado, Regino Hernández Trujillo, que argumentó que si el TEE resolviera sobre la denuncia violentarían la autonomía universitaria, toda vez que dicha instancia educativa cuenta con una normatividad en la que se establecen las autoridades que tienen capacidad y competencia para dirimir sus conflictos al interior de la propia universidad.
El magistrado presidente de la Sala de Segunda Instancia, Jesús Villanueva Vega, consideró como improcedente el juicio electoral ciudadano “en virtud de que el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero no es un representante popular, sino que se trata de un servidor público que gobierna a la comunidad universitaria”.