Política de Estado para los jóvenes
Juan José Huerta
Ayer 12 de agosto hubo desangeladas celebraciones del Día Nacional de la Juventud, instituido a partir de este año por escuetísimo decreto del Congreso de la Unión en abril pasado, en acompañamiento al Día Internacional de la Juventud que la Organización de las Naciones Unidas auspicia desde 1999. En ese contexto y a propósito también de la Conferencia Mundial de la Juventud 2010, que se realizará en León, Guanajuato, del 23 al 27 del presente mes de agosto, La Crónica ha venido resaltando estos días en suplementos especiales el importantísimo tema de la juventud y sus problemas.
En verdad, no hay asunto más importante en la agenda de nuestro país, y así queda destacado en los artículos y colaboraciones de los suplementos de La Crónica, que abordan de una u otra manera los múltiples campos de la problemática que incide sobre los jóvenes de nuestro país y de muchos otros, y que son materia también del Programa de Acción Mundial de la ONU para los Jóvenes: educación, empleo, hambre y pobreza, salud, mejorar la situación de las niñas y las jóvenes, de los jóvenes indígenas, uso indebido de drogas, delincuencia juvenil, explotación criminal, crímenes contra la infancia, los jóvenes y los conflictos armados, los jóvenes migrantes, juventud y medio ambiente, plena y efectiva participación de los jóvenes en la vida de la sociedad y en la adopción de decisiones, relaciones intergeneracionales.
La sola enumeración de estos temas referidos a una parte tan significativa de nuestra población obligaría a la aplicación prioritaria de una política de Estado sobre la juventud, aún más urgente que una política de Estado sobre seguridad, para que la nación dedicara las mayores energías a la atención y fomento de la enorme riqueza potencial de nuestros jóvenes. Sin embargo, ¿estamos, como sociedad mexicana, como gobiernos, a la altura de este inmenso reto? Lamentablemente, no pues, como he mencionado antes , están prácticamente abandonados el Programa Nacional de la Juventud 2008-2012 y la Ley Nacional para los Jóvenes que proponía. Supuestamente, la Cámara de Diputados ha destinado recursos presupuestales de dependencias federales y entidades federativas, que el Instituto Mexicano de la Juventud estima en 150 mil millones de pesos, para programas de atención a los jóvenes, pero que, en la opinión de Gloria Alcocer, de la organización civil Fuerza Ciudadana, “resulta prácticamente imposible monitorear cuánto del presupuesto de programas generales es destinado a la juventud y cómo se gasta” (Reforma, 6ag10). Por los resultados, se ve que muy poco y mal.
Las muy discretas celebraciones del Día Nacional de la Juventud ayer y los que ya se consideran limitados alcances de la Conferencia Mundial de León, Guanajuato, confirmarían esa impresión; Alfredo Nateras Domínguez, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, opina que “como especialistas, no esperamos absolutamente nada de la Conferencia (Mundial); se convirtió en mera retórica, en un acto que se hace por cumplir, pero que está totalmente deslegitimado desde los académicos, las organizaciones civiles y los propios jóvenes” (La Jornada, 12ag10). Así, se crean programas en el papel aquí y allá, declaraciones con objetivos por alcanzar, conferencias, discursos… pero las políticas y acciones reales, concretas, efectivas, a favor de los jóvenes brillan por su ausencia en nuestro país.
Para darnos una idea, repasemos nuevamente el universo al que nos referimos: en México, la población de 15 a 29 años fue, en 2009, según el INEGI, de 28.1 millones de jóvenes, el 26.2 por ciento de la población total. Si consideramos que hasta los 39 años, una persona es todavía joven, su número sube hasta 45 millones de personas, alrededor del 42 por ciento del total de la población de México. Aún más, como los niños menores de 15 años son actualmente unos 38 millones, es claro que el universo de jóvenes (hasta 39 años) crecerá todavía más en los tres quinquenios siguientes. De ahí la urgencia de las políticas y acciones que hay necesidad de establecer ya ahora.
Pues es gigantesco el conjunto de problemas que deben enfrentar nuestros jóvenes en México: según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), “14.9 millones de hombres y mujeres jóvenes se encuentran en pobreza, 3.3 millones en pobreza extrema y 12.1 millones son vulnerables por carencias sociales (rezago educativo falta de acceso a los servicios de salud o a la seguridad social; carencia en la calidad y en los espacios de vivienda). El desempleo es rampante entre los jóvenes, aún en los que tienen niveles altos de educación y la migración es para muchos la única alternativa. Más de 7.5 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, y hasta el presidente Calderón reconoció, en una de las sesiones del “Diálogo por la Seguridad”, que estas generaciones NiNi “son el mercado a esclavizar” de los criminales y también “mercado de reclutamiento del sicariato”, como también lo había advertido la iglesia católica, al señalar que el crimen organizado se está convirtiendo en “el gran empleador” de jóvenes en este país, ya sea en la piratería o en el cultivo y tráfico de drogas” (La Crónica, 2ag10). Aunque no se cuenta con datos precisos, se estima que la mayoría de los 28 mil muertos en el combate al crimen durante este sexenio son jóvenes.
De 71 mil jóvenes que este año solicitaron e hicieron su examen para ingresar a una carrera de licenciatura en el Politécnico, sólo unos 23 mil fueron aceptados; en la UNAM, la cifra de aspirantes fue de poco más de 140 mil y sólo fueron aceptados 16 mil (ciudadanosenred.com, 10ag10). El rector de la UNAM estima que apenas 18 de cada 100 estudiantes que ingresan a la educación básica concluyen una licenciatura, pues el sistema educativo y económico del país no da las oportunidades suficientes para que los jóvenes cursen los niveles superiores. Todos sabemos el desánimo y la frustración que se apoderan de nuestros muchachos en tales casos, desánimo y frustración que permea a todo el ambiente nacional.
Es imperativo, pues, movilizar a los jóvenes de este país, involucrarlos en programas que transmitan un sentido de pertenencia a un esfuerzo trascendental de la nación, por supuesto con la educación y el empleo en primer lugar, como medios para alcanzar los otros objetivos de su bienestar y prosperidad. Ello requiere la urgente descorporativización de la educación básica, un hercúleo incremento de las inversiones en planteles escolares, en medios educativos y en la preparación de maestros para la educación media y superior, y también, ¿cómo no?, la homologación y facilitación de la movilidad de los estudiantes entre la maraña de instituciones, sistemas y planes de estudio en que ha devenido nuestra educación media y superior.
He reiterado también la urgencia de un Programa Nacional de Empleo para los Jóvenes, en cuyo diseño y operación debería estar al frente la Secretaría del Trabajo, pero para involucrar en el mismo a las demás dependencias del gobierno federal, a los gobiernos de estados y municipios, al sector privado, a las organizaciones sociales, en un macro esfuerzo que al mismo tiempo sirva para relanzar al crecimiento acelerado a la economía mexicana, para impulsar la pequeña y mediana industria, para abatir la informalidad de las actividades económicas.
Para transmitir a nuestra juventud que en nuestro país sí es posible hacer las cosas bien, con base en todas las fortalezas de México; que las líneas generales de nuestro sistema están bien plantadas; que nuestro déficit es operativo, por lo que en lo que tenemos que hacer el mayor esfuerzo es en la eficiencia, tecnológica y económica, para conseguir más producción con menos recursos, pero también eficiencia medio ambiental e institucional, y contra el crimen y la corrupción, flagelos éstos que pueden y deben ser derrotados en beneficio de todos.
Juan José Huerta
Ayer 12 de agosto hubo desangeladas celebraciones del Día Nacional de la Juventud, instituido a partir de este año por escuetísimo decreto del Congreso de la Unión en abril pasado, en acompañamiento al Día Internacional de la Juventud que la Organización de las Naciones Unidas auspicia desde 1999. En ese contexto y a propósito también de la Conferencia Mundial de la Juventud 2010, que se realizará en León, Guanajuato, del 23 al 27 del presente mes de agosto, La Crónica ha venido resaltando estos días en suplementos especiales el importantísimo tema de la juventud y sus problemas.
En verdad, no hay asunto más importante en la agenda de nuestro país, y así queda destacado en los artículos y colaboraciones de los suplementos de La Crónica, que abordan de una u otra manera los múltiples campos de la problemática que incide sobre los jóvenes de nuestro país y de muchos otros, y que son materia también del Programa de Acción Mundial de la ONU para los Jóvenes: educación, empleo, hambre y pobreza, salud, mejorar la situación de las niñas y las jóvenes, de los jóvenes indígenas, uso indebido de drogas, delincuencia juvenil, explotación criminal, crímenes contra la infancia, los jóvenes y los conflictos armados, los jóvenes migrantes, juventud y medio ambiente, plena y efectiva participación de los jóvenes en la vida de la sociedad y en la adopción de decisiones, relaciones intergeneracionales.
La sola enumeración de estos temas referidos a una parte tan significativa de nuestra población obligaría a la aplicación prioritaria de una política de Estado sobre la juventud, aún más urgente que una política de Estado sobre seguridad, para que la nación dedicara las mayores energías a la atención y fomento de la enorme riqueza potencial de nuestros jóvenes. Sin embargo, ¿estamos, como sociedad mexicana, como gobiernos, a la altura de este inmenso reto? Lamentablemente, no pues, como he mencionado antes , están prácticamente abandonados el Programa Nacional de la Juventud 2008-2012 y la Ley Nacional para los Jóvenes que proponía. Supuestamente, la Cámara de Diputados ha destinado recursos presupuestales de dependencias federales y entidades federativas, que el Instituto Mexicano de la Juventud estima en 150 mil millones de pesos, para programas de atención a los jóvenes, pero que, en la opinión de Gloria Alcocer, de la organización civil Fuerza Ciudadana, “resulta prácticamente imposible monitorear cuánto del presupuesto de programas generales es destinado a la juventud y cómo se gasta” (Reforma, 6ag10). Por los resultados, se ve que muy poco y mal.
Las muy discretas celebraciones del Día Nacional de la Juventud ayer y los que ya se consideran limitados alcances de la Conferencia Mundial de León, Guanajuato, confirmarían esa impresión; Alfredo Nateras Domínguez, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, opina que “como especialistas, no esperamos absolutamente nada de la Conferencia (Mundial); se convirtió en mera retórica, en un acto que se hace por cumplir, pero que está totalmente deslegitimado desde los académicos, las organizaciones civiles y los propios jóvenes” (La Jornada, 12ag10). Así, se crean programas en el papel aquí y allá, declaraciones con objetivos por alcanzar, conferencias, discursos… pero las políticas y acciones reales, concretas, efectivas, a favor de los jóvenes brillan por su ausencia en nuestro país.
Para darnos una idea, repasemos nuevamente el universo al que nos referimos: en México, la población de 15 a 29 años fue, en 2009, según el INEGI, de 28.1 millones de jóvenes, el 26.2 por ciento de la población total. Si consideramos que hasta los 39 años, una persona es todavía joven, su número sube hasta 45 millones de personas, alrededor del 42 por ciento del total de la población de México. Aún más, como los niños menores de 15 años son actualmente unos 38 millones, es claro que el universo de jóvenes (hasta 39 años) crecerá todavía más en los tres quinquenios siguientes. De ahí la urgencia de las políticas y acciones que hay necesidad de establecer ya ahora.
Pues es gigantesco el conjunto de problemas que deben enfrentar nuestros jóvenes en México: según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), “14.9 millones de hombres y mujeres jóvenes se encuentran en pobreza, 3.3 millones en pobreza extrema y 12.1 millones son vulnerables por carencias sociales (rezago educativo falta de acceso a los servicios de salud o a la seguridad social; carencia en la calidad y en los espacios de vivienda). El desempleo es rampante entre los jóvenes, aún en los que tienen niveles altos de educación y la migración es para muchos la única alternativa. Más de 7.5 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, y hasta el presidente Calderón reconoció, en una de las sesiones del “Diálogo por la Seguridad”, que estas generaciones NiNi “son el mercado a esclavizar” de los criminales y también “mercado de reclutamiento del sicariato”, como también lo había advertido la iglesia católica, al señalar que el crimen organizado se está convirtiendo en “el gran empleador” de jóvenes en este país, ya sea en la piratería o en el cultivo y tráfico de drogas” (La Crónica, 2ag10). Aunque no se cuenta con datos precisos, se estima que la mayoría de los 28 mil muertos en el combate al crimen durante este sexenio son jóvenes.
De 71 mil jóvenes que este año solicitaron e hicieron su examen para ingresar a una carrera de licenciatura en el Politécnico, sólo unos 23 mil fueron aceptados; en la UNAM, la cifra de aspirantes fue de poco más de 140 mil y sólo fueron aceptados 16 mil (ciudadanosenred.com, 10ag10). El rector de la UNAM estima que apenas 18 de cada 100 estudiantes que ingresan a la educación básica concluyen una licenciatura, pues el sistema educativo y económico del país no da las oportunidades suficientes para que los jóvenes cursen los niveles superiores. Todos sabemos el desánimo y la frustración que se apoderan de nuestros muchachos en tales casos, desánimo y frustración que permea a todo el ambiente nacional.
Es imperativo, pues, movilizar a los jóvenes de este país, involucrarlos en programas que transmitan un sentido de pertenencia a un esfuerzo trascendental de la nación, por supuesto con la educación y el empleo en primer lugar, como medios para alcanzar los otros objetivos de su bienestar y prosperidad. Ello requiere la urgente descorporativización de la educación básica, un hercúleo incremento de las inversiones en planteles escolares, en medios educativos y en la preparación de maestros para la educación media y superior, y también, ¿cómo no?, la homologación y facilitación de la movilidad de los estudiantes entre la maraña de instituciones, sistemas y planes de estudio en que ha devenido nuestra educación media y superior.
He reiterado también la urgencia de un Programa Nacional de Empleo para los Jóvenes, en cuyo diseño y operación debería estar al frente la Secretaría del Trabajo, pero para involucrar en el mismo a las demás dependencias del gobierno federal, a los gobiernos de estados y municipios, al sector privado, a las organizaciones sociales, en un macro esfuerzo que al mismo tiempo sirva para relanzar al crecimiento acelerado a la economía mexicana, para impulsar la pequeña y mediana industria, para abatir la informalidad de las actividades económicas.
Para transmitir a nuestra juventud que en nuestro país sí es posible hacer las cosas bien, con base en todas las fortalezas de México; que las líneas generales de nuestro sistema están bien plantadas; que nuestro déficit es operativo, por lo que en lo que tenemos que hacer el mayor esfuerzo es en la eficiencia, tecnológica y económica, para conseguir más producción con menos recursos, pero también eficiencia medio ambiental e institucional, y contra el crimen y la corrupción, flagelos éstos que pueden y deben ser derrotados en beneficio de todos.
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