Torreblanca: hay que poner en la balanza libertad de expresión
OSSIEL PACHECO
El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo coincidió con el relator especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank La Rue, y la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero Marino, en que los receptores de la información tendrán que poner en una balanza si funciona o no el ejercicio de la libertad de expresión, y cómo es premiado y reconocido el trabajo periodístico.
Torreblanca Galindo, durante una conferencia de prensa, dio a conocer que durante la cena que tuvo que La Rue y Botero Marino este domingo en la ciudad de México, aprovechó para dar a conocer cómo están las investigaciones por los asesinatos de periodistas en lo que va de su administración, y los pendientes desde 1997, y formuló algunos señalamientos, “son visiones y alternativas distintas”, pero coincidieron en que los receptores de la información son lo que pueden evaluar si funciona o no la libertad de expresión.
Del contenido abordado en el encuentro sostenido entre Torreblanca con los relatores, y al que acudieron el procurador de Justicia David Sotelo Rosas, y el director de Comunicación Social, Manuel Nava, reveló que plantearon, por testimonios de familiares de los reporteros, es que antes de ser asesinados hubo amenazas, cuando no tenía esos testimonios asentados en las declaraciones ministeriales, porque no fueron notificadas a las autoridades.
“El gobierno tiene que cuidar de 3 millones de ciudadanos, incluidos ustedes; no teníamos conocimiento de que hubo denuncias por amenazas a ningún periodista antes del momento (de ser asesinados), si las tuviera el gobierno, tiene la obligación de actuar en consecuencia”, agregó.
Dio cuenta de que otro de los temas tratados con los relatores fue el dinero a los medios de comunicación, y plantearon un esquema para darlo a conocer, cuando no es lo mismo Chilpancingo, que Monterrey o Guayaquil, en Ecuador, que Apaxtla de Castrejón, y asumió que es difícil concretar una política de medios de comunicación de reparto en función de la capacidad de circulación, “el mejor censor de las políticas de los periodistas deben ser la propia población, pagando o comprando el periódico”.
OSSIEL PACHECO
El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo coincidió con el relator especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank La Rue, y la relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero Marino, en que los receptores de la información tendrán que poner en una balanza si funciona o no el ejercicio de la libertad de expresión, y cómo es premiado y reconocido el trabajo periodístico.
Torreblanca Galindo, durante una conferencia de prensa, dio a conocer que durante la cena que tuvo que La Rue y Botero Marino este domingo en la ciudad de México, aprovechó para dar a conocer cómo están las investigaciones por los asesinatos de periodistas en lo que va de su administración, y los pendientes desde 1997, y formuló algunos señalamientos, “son visiones y alternativas distintas”, pero coincidieron en que los receptores de la información son lo que pueden evaluar si funciona o no la libertad de expresión.
Del contenido abordado en el encuentro sostenido entre Torreblanca con los relatores, y al que acudieron el procurador de Justicia David Sotelo Rosas, y el director de Comunicación Social, Manuel Nava, reveló que plantearon, por testimonios de familiares de los reporteros, es que antes de ser asesinados hubo amenazas, cuando no tenía esos testimonios asentados en las declaraciones ministeriales, porque no fueron notificadas a las autoridades.
“El gobierno tiene que cuidar de 3 millones de ciudadanos, incluidos ustedes; no teníamos conocimiento de que hubo denuncias por amenazas a ningún periodista antes del momento (de ser asesinados), si las tuviera el gobierno, tiene la obligación de actuar en consecuencia”, agregó.
Dio cuenta de que otro de los temas tratados con los relatores fue el dinero a los medios de comunicación, y plantearon un esquema para darlo a conocer, cuando no es lo mismo Chilpancingo, que Monterrey o Guayaquil, en Ecuador, que Apaxtla de Castrejón, y asumió que es difícil concretar una política de medios de comunicación de reparto en función de la capacidad de circulación, “el mejor censor de las políticas de los periodistas deben ser la propia población, pagando o comprando el periódico”.
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