Si no les gusta la decisión del IEEG vayan a los tribunales, dice el consejero Pacheco

Hugo Pacheco León/Chilpancingo

Ante el riesgo de una crisis política por la inacción del IEEG al no aplicar la ley en el caso de la propaganda adelantada de precampañas del PRI y el PRD, el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, el consejero Arturo Pacheco Bedolla justificó la decisión a que existen lagunas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero (LIPEG).

Y retó a que las decisiones del IEEG sean rebatidas en los tribunales electorales.

Además, adujo que si los partidos políticos o los ciudadanos no están de acuerdo con el desempeño de los consejeros electorales, éstos pueden ser reconvenidos y llevados a juicio político.

En la sesión del martes, a pesar de que algunos precandidatos del PRI y PRD y posteriormente los ayuntamientos no acataron la orden de retirar la propaganda adelantada de precampaña, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) aprobó por mayoría que “se tiene por cumplida” la orden que se les dio el 15 de mayo.

El Consejo General declaró la inexistencia de infracciones a la normatividad de 50 ayuntamientos que “omitieron” cumplir la orden y resolvió que “no incurrieron en violación administrativa”.

Lo anterior provocó fuertes críticas de especialistas y dirigentes del PRD y PAN, pero también de reconocimiento de parte del PRI, por no haberlo sancionado por no retirar su propaganda anticipada.

El experto en asuntos electorales Marcial Rodríguez Saldaña reprochó que los consejeros cerraran los ojos a precampañas adelantadas que fueron notorias, y advirtió que el IEEG envió un mal mensaje al no sancionarlas, pues los actores políticos podrán entender ahora que se vale todo y eso puede llevar a un ambiente de impunidad.

Mientras que el consejero nacional del PAN, Carlos Millán, afirmó que está en duda la imparcialidad de los consejeros y condenó que no hayan “siquiera amonestado” a quienes incurrieron “flagrantemente en actos anticipados de campaña”.

Al respecto se buscó la postura del presidente del IEEG, César Ramos Castro, quien no quiso opinar con el argumento de que estaba en una serie de conferencias, y luego se conoció que este jueves asistió a San Luis Potosí a una reunión sobre asuntos electorales.

Pero sí contestó a preguntas el consejero Pacheco, autor del acuerdo no sancionador.

“No me queda más que aceptar que el IEEG tiene como objetivo fundamental aplicar la ley electoral, pero siempre he dicho, no como argumento banal ni como pretexto, que la ley sigue teniendo algunas lagunas, por lo que hemos optado por aplicar criterios que están confirmados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación”, dijo.

Reconoció que el acuerdo aprobado por mayoría de los consejeros en la sesión del pasado martes (el consejero Raúl Calvo Barrera se abstuvo porque consideró que debió sancionarse a los ayuntamientos) “tiene sus deficiencias, pero reto a que éste pueda ser impugnado ante los tribunales, porque sería bueno saber la opinión jurídica de los magistrados en segunda instancia, incluso hasta saber en última instancia la opinión de los magistrados del TEPJF”, sostuvo Pacheco.

–Por tu postura, ¿vale la pena continuar como consejero electoral con una ley que tiene lagunas que no les permite sancionar su violación?

–Lo que estoy aquí estableciendo, repito, es que puede haber errores y deficiencias, lo admito; puede haber equivocaciones; pero puede haber también, en caso contrario, una exacta aplicación de la ley. Digo que esto tiene que ver con un posible examen de los argumentos que en su momento pueda verter un órgano de alzada como el TEPJF.

“Creo que ahora vale la pena la crítica y aceptarla y encauzarla en los trabajos del IEEG, porque no podemos ser intolerantes ante los actores políticos y sus argumentos y reflexiones, vale más reconocer incluso que nos equivocamos y que un órgano superior pueda reconvenirnos por ello”, añadió.

–Con tu mismo argumento, ¿no hubiera sido factible que en lugar de exonerar hubieras sancionado, porque igual el órgano de alzada en todo caso les hubiera revertido su resolución, pero cuando menos inhiben la violación de la ley electoral de parte de los partidos, candidatos y gobiernos municipales y el estatal?

–Lo que les digo es que no está juzgado del todo esta situación, tenemos las quejas de los partidos y vamos a emitir los dictámenes, así que no está dicha la última palabra.

Agregó que “lo que hicimos en realidad fue establecer un criterio genérico en relación a documentos e imágenes que contienen las siluetas y nombres de personas que aparecieron en revistas y en espectaculares por diversos motivos, que en el caso (del candidato del PRI Manuel Añorve Baños) en la revista (La Costa); en el caso del senador David Jiménez Rumbo del PRD por sus informes, al igual que el senador Lázaro Mazón Alonso por sus informes”.

“Pero esto no quiere decir que nosotros no nos hayamos pronunciado por estas situaciones, tenemos todavía la queja contra Manuel Añorve de la revista La Costa que no se ha resuelto, la de Armando Ríos Piter por su campaña de Territorio Jaguar”, indicó.

–Pero no se puede esperar otra resolución sobre las quejas, que la confirmación de que nadie violó la ley por la propaganda anticipada de precampañas, porque ya aprobaron un acuerdo donde exoneran a todos, ni modo que se contradigan.

–Yo no lo creo así, pero estoy convencido de que puedo equivocarme, creo que es una opinión debatible, pero al final teníamos que tomar decisiones importantes al seno de nuestras responsabilidades.

“Pero hay que decir también algo importante, si nuestro actuar es un actuar evidenciado u observado como faccioso, como parcial, podemos ser reconvenidos a través de los instrumentos jurídicos y políticos necesarios como servidor público, por no aplicar la ley como es debido o que no juzgue conforme a derecho, tiene los medios de reconvención, en este caso a través del Congreso del estado, que puede estar vigilante de las acciones y decisiones políticas e institucionales que tomemos y ante ello nos pueden iniciar un juicio político si no estamos cumpliendo con nuestro deber”, sostuvo.

“Pero aceptamos el reto institucional de que nuestras resoluciones puedan ser revisadas por los tribunales, como siempre yo estoy asumiendo mi responsabilidad atendiendo las entrevistas y dando a conocer una postura objetiva, que si nuestros errores por falta de transparencia en la elección de gobernador, puede ser reconvenido en cualquier momento”, expresó.

–Contrario al PRD y el PAN, los del PRI y su candidato Manuel Añorve ¿ustedes cumplieron con su deber de no sancionarlos por la propaganda anticipada de precampañas?

–Es una posición natural del PRI, porque en el proceso electoral se juegan intereses de contendientes y estas decisiones no les afectan pues seguramente puede haber este tipo de expresiones (como la de Añorve), pero no debe tomarse como un obsequio, como una felicitación por haberle, según el caso, absuelto de un caso, que repito todavía no está juzgado”.