Editorial EL UNIVERSAL

Blindar a las universidades

El crimen común y organizado en México ha cambiado los estilos de vida de las personas en varias zonas del país. El fenómeno afecta particularmente a estados como Chihuahua, Tamaulipas o Michoacán donde los negocios cierran más temprano, las festividades públicas son discretas y los habitantes evitan salir por las noches. En consecuencia, parte del combate a los delincuentes tiene que trascender el de las armas y ubicarse también en la prevención, blindando los espacios públicos vulnerables al cáncer de la violencia.

Las centros de estudio son parte de ese santuario de espacio que todas las autoridades deben estar abocadas a proteger. Al final, son en los recintos educativos donde puede “vacunarse” a las nuevas generaciones de las influencias que llevan a miles de personas en México a participar en el círculo vicioso del crimen, ya sea como consumidores o proveedores.

Amerita reconocimiento, por tanto, el que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) vaya a tener acceso a los recursos de la Secretaría de Gobernación, así como a la asesoría de la Secretaría de Seguridad Pública. La coordinación entre autoridades educativas y de seguridad es indispensable para una prevención efectiva del delito. También cabe reconocer la elaboración por parte de la ANUIES de un protocolo de seguridad para las universidades y acciones comunes como la reasignación de horarios en ciertos planteles.

Han aprendido los centros educativos de la experiencia propia en Monterrey o Tampico, donde sus estudiantes han sido víctimas de balaceras, o de las extorsiones en Chihuahua o Michoacán. Los alumnos, de acuerdo con las estadísticas, son un blanco predilecto de los secuestradores.

Ojalá el pacto no quede en un mero intercambio de pláticas entre universidades y Federación. De la experiencia en este ejercicio pueden resultar valiosas lecciones tanto para los gobiernos estatales —usualmente reacios a intervenir contra la delincuencia organizada— como para otros estratos de la sociedad civil, víctimas regulares de los criminales: los profesionales de la salud y los comerciantes, por ejemplo.

Realizar esta clase de acuerdos no implica enviar un mensaje alarmista a la comunidad universitaria, sino rescatar espacios inmersos en la incertidumbre y cerrar nuevos frentes por donde las mafias podrían buscar ampliar su influencia