En comisiones, la iniciativa de los PPS; crece el rechazo de diputados del PRD

Hugo Pacheco León/Chilpancingo

Finalmente los diputados del Congreso del Estado fueron informados, ayer en el pleno, que el gobernador Ángel Aguirre Rivero les envió su iniciativa para la privatización de obras y servicios públicos a través de los Programas de Prestación de Servicios (PPS), aunque al final de la sesión no tenían aún el documento.

La iniciativa, bautizada como Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Guerrero –el mismo nombre de la que promueve el presidente Felipe Calderón en el Congreso de la Unión– sustituye a la Ley de Contratos de Colaboración para la Inversión y Servicios Públicos del Estado, que el ex gobernador Zeferino Torreblanca había enviado al Legislativo sin que fuera aprobada ante la oposición del asesinado diputado Armando Chavarría Barrera.

Junto con la iniciativa aguirrista, el gobierno envió las adiciones a la Ley de Presupuesto y Disciplina Fiscal y reformas a la Ley de Deuda Pública del Estado, que de acuerdo con fuentes del Congreso buscan flexibilizar esas leyes para poder hipotecar el presupuesto y contraer más deuda, lo que el gobernador Aguirre ha negado y a lo que se oponen diputados del PRD y del PRI.

La iniciativa y las adiciones y reformas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Hacienda que preside el diputado aguirrista Alejandro Contreras Velasco, suplente del diputado Efrén López Cortés; a la de Presupuesto y Cuenta Pública que preside el diputado del PRD Carlos Álvarez Reyes; a la de Justicia que preside el diputado –y al mismo tiempo secretario general– del PRD Evodio Velázquez Aguirre, y a la de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que preside el diputado del PRI Ignacio Ocampo Zavaleta.

Pero a los reporteros de la fuente tampoco esta vez se les dio copia de la iniciativa de los PPS, un tema que es manejado con hermetismo en el Congreso por órdenes del coordinador de la Comisión de Gobierno, el perredista Faustino Soto Ramos.

De acuerdo con el procedimiento, las comisiones unidas deben presentar el dictamen en diez días, pero el tiempo se alargará más de lo deseado por el gobierno, pues los mismos diputados en el pleno aprobaron un exhorto al gobernador Ángel Aguirre y a los 81 alcaldes para que en un plazo de un mes remitan al Congreso local el diagnóstico integral de las finanzas públicas estatal y municipales para la transparencia y rendición de cuentas, de modo que esto les permita una adecuada toma de decisiones.

Lo anterior fue propuesto por el diputado Carlos Álvarez Reyes, del PRD, quien en tribuna dijo que para la iniciativa aguirrista, el trabajo legislativo en la materia se vería amplia y técnicamente fortalecido y sustentado siempre y cuando se tuvieran más y mejores elementos, como el Diagnóstico Integral de las Finanzas Públicas Estatal y Municipales, lo que ofrecería a la ciudadanía la seguridad de que los recursos públicos se manejan con honestidad, trasparencia y eficacia.

Argumentó que para el desarrollo de esta actividad, el Congreso local tuvo a bien autorizar en el presupuesto de egresos para el presente ejercicio fiscal, una partida específica con un monto asignado de 8 millones de pesos.

Indicó que ante la probable aprobación de los PPS, resulta de gran trascendencia para los diputados contar con elementos y estadísticas financieras suficientes y actualizadas, que sirvieran de marco de referencia para que al momento del análisis se pudiera determinar con mayor certeza la viabilidad o no de los proyectos sujetos al escrutinio de los legisladores.

Opositores a los PPS esperan no ser asediados por el gobierno

Sobre los PPS, diputados del PRD que pidieron guardar sus nombres, dijeron a El Sur que en su fracción no hay consenso e incluso que se está formando una mayoría que se opone al proyecto de privatización de servicios.

Manifestaron que exigirán en tribuna que el gobernador o sus funcionarios acudan al Congreso a explicar la iniciativa.

No quisieron dar los nombres de los diputados que se oponen a los PPS, porque dijeron que serían asediados por el gobierno del estado para convencerlos de que voten a favor.

Pero sostuvieron que el consenso existente es que no aceptarán que se privaticen los servicios públicos, aunque hacen acotaciones respecto al mismo esquema para la realización de obras públicas.

Al respecto, en el PRI el diputado Héctor Vicario Castrejón también dijo que el gobierno del estado debe explicarles su iniciativa, y dijo que espera que les turnen copias de la iniciativa para hacerlas públicas y el debate se abra al pueblo de Guerrero.

Además dio a conocer que el fin de semana no se reunió la fracción priísta, porque esperaban que el gobierno del estado mandara la nueva iniciativa que sustituye a la de Zeferino Torreblanca.