No hay dinero en la UAG para el pago de la nómina de agosto, informa Saldaña
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Lourdes Chávez/Chilpancingo
El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán señaló que es más leal al gobernador Ángel Aguirre Rivero que cualquier funcionario de su gabinete, tras la polémica que generó su declaración de que un trabajador del gobierno estatal está promoviendo las protestas de rechazados de Enfermería 1 en Chilpancingo, por la exigencia de cerca 20 de millones de pesos que se adeudan a la institución.
Pero informó que ahora hay otro asunto más urgente en la Universidad, que no tiene dinero para cubrir la nómina de agosto, porque el subsidio federal de junio, julio y agosto, que asciende a 380 millones de pesos, está detenido por formalidades en el convenio de asignación del dinero.
Tampoco del gobierno estatal han recibido el subsidio estatal desde mayo, pero de éste no precisó el monto, que debe ser el equivalente al 25 por ciento de la aportación federal.
Explicó que el convenio que se firmó en mayo con el gobernador, tres meses después de que tomó protesta como rector, fue rechazado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debido a los cambios de secretario general de gobierno de los últimos meses.
Aseguró que están en una situación emergente, porque no tienen para pagar la primera quincena de agosto, “eso es más importante para mí, que cualquier otra situación, por eso busco una reunión con el señor gobernador para poder platicar”.
Adelantó que el lunes se reunirá con el grupo Guerrero –que integran los grupos políticos de la UAG–, para valorar qué harán en esta emergencia, porque el retraso en la firma del convenio no fue un asunto de la UAG.
Consideró que el problema es que los documentos tienen demasiado tiempo en las oficinas de gobierno, “si se hubiera firmado en enero, cuando se les envió, no habría este problema”.
En entrevista, luego de una intervención en el primer aniversario de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la UAG, afirmó que con el gobernador “hay una relación fraterna”, que el mismo Aguirre reconoció al mismo tiempo que cuestionó las declaraciones de Saldaña Almazán.
El jueves, el gobernador pidió a Saldaña que no especule y presente una denuncia si hay un promotor del gobierno en las manifestaciones de los rechazados de Enfermería 1, en Chilpancingo; sobre los casi 20 millones de pesos que la UAG obtuvo a través de un concurso nacional para obra de tres preparatorias, afirmó que estaban etiquetados para el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE), que los aplicó en sus propias obras en 2012.
Lo anterior, a pesar de que existen antecedentes de que el ejecutivo ordenó que repusieran de inmediato los casi 20 millones a la UAG que se invirtieron en otros subsistemas educativos, y la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, después de que anunció una investigación para verificar si el dinero de la universidad se aplicó en la SEG, también dijo que esperaban la entrega un financiamiento similar de la federación para reponer el fondo.
Saldaña aclaró que sus comentarios no estaban dirigidos al gobernador, sino a personas que no se tienen que andar metiendo en asuntos de la UAG, y que se inconformaron con la relación de aspirantes aceptados en la escuela de Enfermería 1, pero los resultados del examen de admisión que aplicó y evaluó el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) están disponibles para quien quiera revisar cualquier movimiento.
La persona aludida, Pablo Ramírez Santana, incluso envió una carta a El Sur, para deslindar a funcionarios y políticos allegados al gobernador de la inconformidad en Enfermería.
Enseguida, Saldaña Almazán señaló que como universitario “he sido más leal que cualquier funcionario que tenga en su gabinete, porque es el gobernador de todos”, y con quien ha buscado una reunión hace cuatro días para tratar otros asuntos que llamó de “avanzada”, sin resultado, sólo le ha enviado tarjetas informativas a través de sus colaboradores.
Los asuntos financieros, como la devolución de los 20 millones de pesos y la entrega del subsidio detenido por las formalidades que requiere el caso, consideró que deben ser atendidos por las áreas financieras y de proyectos, para que las revisen en conjunto.
Sobre el pago de nómina, reconoció que fue necesario pedir un préstamo de 17 millones de pesos para cubrir los compromisos con todos trabajadores, y es urgente la entrega mínima de 86 mil pesos para cubrir la nómina de agosto y 17 millones para los gastos de operación, “no tenemos un solo peso”, insistió.
Confió en que con un oficio que ingresó a la Secretaría de Educación Pública les adelanten lo necesario para cubrir los pagos de esta quincena. Dos días antes habló de este conflicto, pero minimizó el asunto porque dijo que se trataba de un problema administrativo que sería resuelto con el cambio de firmas.
Defendió al gobernador en la retención del subsidio estatal, porque el ejecutivo libera los pagos hasta cuando llega el dinero federal, aunque no necesariamente debe ser así, porque en el convenio financiero se establecen ministraciones que corresponden a cada uno.
Finalmente, señaló que si no se atiende pronto este asunto, acarrearía un conflicto mayor en Guerrero. Recordó que la universidad ha contribuido más a la estabilidad y a la construcción de tejido social en el estado, al parecer, en alusión a las corporaciones policiacas o a su gabinete.
Demandó que los funcionarios del gabinete informen adecuadamente al gobernador, para que tenga todas las evidencias y los elementos, siempre, de cada caso.
En otro tema, recordó que también piden el incremento adicional de 5 por ciento, equivalente a 48 millones de pesos anuales, para abrir ocho nuevos grupos de nuevo ingreso en diferentes disciplinas, para atender a más de 600 jóvenes, de mil 172, que fueron rechazados en el proceso de inscripción.
Del 5 por ciento que se estableció en el convenio del financiamiento ordinario, que sigue en proceso de trámite en el séptimo mes del año, dijo que Aguirre ya cumplió, pero los pagos siguen en rezago.
Pero informó que ahora hay otro asunto más urgente en la Universidad, que no tiene dinero para cubrir la nómina de agosto, porque el subsidio federal de junio, julio y agosto, que asciende a 380 millones de pesos, está detenido por formalidades en el convenio de asignación del dinero.
Tampoco del gobierno estatal han recibido el subsidio estatal desde mayo, pero de éste no precisó el monto, que debe ser el equivalente al 25 por ciento de la aportación federal.
Explicó que el convenio que se firmó en mayo con el gobernador, tres meses después de que tomó protesta como rector, fue rechazado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debido a los cambios de secretario general de gobierno de los últimos meses.
Aseguró que están en una situación emergente, porque no tienen para pagar la primera quincena de agosto, “eso es más importante para mí, que cualquier otra situación, por eso busco una reunión con el señor gobernador para poder platicar”.
Adelantó que el lunes se reunirá con el grupo Guerrero –que integran los grupos políticos de la UAG–, para valorar qué harán en esta emergencia, porque el retraso en la firma del convenio no fue un asunto de la UAG.
Consideró que el problema es que los documentos tienen demasiado tiempo en las oficinas de gobierno, “si se hubiera firmado en enero, cuando se les envió, no habría este problema”.
En entrevista, luego de una intervención en el primer aniversario de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la UAG, afirmó que con el gobernador “hay una relación fraterna”, que el mismo Aguirre reconoció al mismo tiempo que cuestionó las declaraciones de Saldaña Almazán.
El jueves, el gobernador pidió a Saldaña que no especule y presente una denuncia si hay un promotor del gobierno en las manifestaciones de los rechazados de Enfermería 1, en Chilpancingo; sobre los casi 20 millones de pesos que la UAG obtuvo a través de un concurso nacional para obra de tres preparatorias, afirmó que estaban etiquetados para el Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa (IGIFE), que los aplicó en sus propias obras en 2012.
Lo anterior, a pesar de que existen antecedentes de que el ejecutivo ordenó que repusieran de inmediato los casi 20 millones a la UAG que se invirtieron en otros subsistemas educativos, y la secretaria de Educación, Silvia Romero Suárez, después de que anunció una investigación para verificar si el dinero de la universidad se aplicó en la SEG, también dijo que esperaban la entrega un financiamiento similar de la federación para reponer el fondo.
Saldaña aclaró que sus comentarios no estaban dirigidos al gobernador, sino a personas que no se tienen que andar metiendo en asuntos de la UAG, y que se inconformaron con la relación de aspirantes aceptados en la escuela de Enfermería 1, pero los resultados del examen de admisión que aplicó y evaluó el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) están disponibles para quien quiera revisar cualquier movimiento.
La persona aludida, Pablo Ramírez Santana, incluso envió una carta a El Sur, para deslindar a funcionarios y políticos allegados al gobernador de la inconformidad en Enfermería.
Enseguida, Saldaña Almazán señaló que como universitario “he sido más leal que cualquier funcionario que tenga en su gabinete, porque es el gobernador de todos”, y con quien ha buscado una reunión hace cuatro días para tratar otros asuntos que llamó de “avanzada”, sin resultado, sólo le ha enviado tarjetas informativas a través de sus colaboradores.
Los asuntos financieros, como la devolución de los 20 millones de pesos y la entrega del subsidio detenido por las formalidades que requiere el caso, consideró que deben ser atendidos por las áreas financieras y de proyectos, para que las revisen en conjunto.
Sobre el pago de nómina, reconoció que fue necesario pedir un préstamo de 17 millones de pesos para cubrir los compromisos con todos trabajadores, y es urgente la entrega mínima de 86 mil pesos para cubrir la nómina de agosto y 17 millones para los gastos de operación, “no tenemos un solo peso”, insistió.
Confió en que con un oficio que ingresó a la Secretaría de Educación Pública les adelanten lo necesario para cubrir los pagos de esta quincena. Dos días antes habló de este conflicto, pero minimizó el asunto porque dijo que se trataba de un problema administrativo que sería resuelto con el cambio de firmas.
Defendió al gobernador en la retención del subsidio estatal, porque el ejecutivo libera los pagos hasta cuando llega el dinero federal, aunque no necesariamente debe ser así, porque en el convenio financiero se establecen ministraciones que corresponden a cada uno.
Finalmente, señaló que si no se atiende pronto este asunto, acarrearía un conflicto mayor en Guerrero. Recordó que la universidad ha contribuido más a la estabilidad y a la construcción de tejido social en el estado, al parecer, en alusión a las corporaciones policiacas o a su gabinete.
Demandó que los funcionarios del gabinete informen adecuadamente al gobernador, para que tenga todas las evidencias y los elementos, siempre, de cada caso.
En otro tema, recordó que también piden el incremento adicional de 5 por ciento, equivalente a 48 millones de pesos anuales, para abrir ocho nuevos grupos de nuevo ingreso en diferentes disciplinas, para atender a más de 600 jóvenes, de mil 172, que fueron rechazados en el proceso de inscripción.
Del 5 por ciento que se estableció en el convenio del financiamiento ordinario, que sigue en proceso de trámite en el séptimo mes del año, dijo que Aguirre ya cumplió, pero los pagos siguen en rezago.
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