La sociedad civil reprocha a FCH estrategia anticrimen

Cecilia Téllez Cortés

Organizaciones de la sociedad civil manifestaron ante el presidente Felipe Calderón su inconformidad con algunos aspectos de la estrategia contra el crimen organizado, expresaron su confusión por lo que se hace y su insatisfacción en resultados como el abatimiento de la violencia.

Asimismo, lanzaron una crítica a la descoordinación de los tres órdenes de gobierno, externaron su preocupación por la sensación de temor que prevalece en la población y exigieron castigos para los gobiernos estatales que no cumplan con los compromisos de depuración y capacitación de sus cuerpos policiacos.

En la primera sesión de los “Diálogos por la Seguridad, hacia una Política de Estado”, realizada en Campo Marte, se escucharon nuevamente las voces de la sociedad civil a casi seis meses de la primera vez que lo hicieron en la misma sede.

Eduardo Gallo, presidente de México Unido contra la Delincuencia, expuso ante el presidente Calderón no estar de acuerdo con la estrategia de seguridad, ya que “potencia dicha actitud violenta al atacarse a los cárteles con estrategias de poder de fuego que generan un incremento de la violencia, en lugar de privilegiar el reducirla para beneficio de los mexicanos”.

Señaló que “hay logros, imposible negarlo, pero son insuficientes”, y criticó que se defienda el supuesto éxito de la estrategia con argumentación demagógica, “como que la violencia con la que actúan los delincuentes es por la desesperación de estar perdiendo la guerra. La percepción ciudadana de la inseguridad crece”.

A su parecer, “el Estado en sus tres niveles de gobierno y en sus tres poderes ha fallado a su obligación fundamental de dar seguridad a los mexicanos. Millones de mexicanos somos víctimas de la inseguridad, vivimos angustiados por la incertidumbre de que pueda ocurrirle algo malo a nuestras familias o a nosotros, a ser secuestrados, amenazados o lesionados. No salimos a las calles, vivimos atrás de rejas en nuestras propias casas”, señaló.

Expuso que la estrategia carece de objetivos, metas y parámetros de evaluación que permitan medir sus resultados, y hacerles las adecuaciones del caso. Además de que no ataca el origen del problema delictivo.

No obstante, dijo que “nunca habrá un planteamiento de nuestra parte de ‘no los combatamos’. No. Vamos contra ellos (contra los criminales)”.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, denunció que los gobiernos estatales no han sido capaces, en los últimos dos años, de integrar debidamente las unidades antisecuestros.

Por ello, dijo que las reuniones de esta naturaleza deben servir para generar acuerdos puntuales, pero también deben fijarse penas y sanciones por incumplimiento de los compromisos en los plazos señalados.

Isabel Miranda consideró que, hasta hoy, la estrategia de seguridad sólo ataca los efectos de la inseguridad y no las causas, y prueba de ello es que no se ven ni las políticas, ni los presupuestos encaminados a abatir los niveles de pobreza e inequidad.

Criticó lo ocurrido con las activistas de Chihuahua a las que han matado, y señaló que no se puede dejarle al gobierno, ya sea estatal, municipal o federal, únicamente la responsabilidad de los cambios.

“Creo que nosotros, la sociedad civil, tenemos una función importantísima, no debemos de estarnos tirando al piso constantemente y re-victimizándonos, creo que tenemos la fuerza los mexicanos para levantarnos y construir nuestro país y reconstruir las instituciones y todo lo que esté mal”.

En su turno, Laura Elena Herrejón, del Movimiento Pro-vecino, criticó la confusión que persiste entre todos los actores en materia de seguridad, inclusive señaló que se debe hablar el mismo idioma, de lo contrario, seguirán en la Torre de Babel.“ Y a río revuelto, los únicos que siguen sacando ventaja son los delincuentes”.

“Escucho con atención los informes que nos da el señor Poiré, pero también estamos conscientes de lo que es la percepción de cada uno de nosotros. A principios de enero estuvimos la familia en Acapulco, y nos enfrentamos con los 15 decapitados y desafortunadamente en la playa, en donde mis hijos han crecido y donde los meseros solían ofrecer quesadillas de pescado y sopes, y quesadillas de queso y demás, hoy le ofrecieron a uno de mis hijos droga de la buena. Esto es lo que estamos viviendo”, subrayó.

Miguel Treviño de Hoyos, de la Organización Civil de Nuevo León, reprochó a Calderón la violencia que existe en algunos estados en donde da vergüenza, dijo, la falta de coordinación entre autoridades.

“Señor Presidente, si ya eligió usted el concepto de guerra para definir lo que estamos viviendo, no puedo imaginar tarea más importante para el comandante supremo que asegurar la unidad de propósito y la coordinación de todas las instancias públicas que participen en ella. Por las condiciones internacionales del fenómeno que vivimos, el poder del Estado no puede radicar en el acopio de armas y recursos bélicos”, manifestó.

Por su parte, Jaime López Aranda, coordinador del Programa de Seguridad y Justicia del Centro de Investigación para el Centro de Desarrollo, dijo que la gran duda es cómo utilizar las estadísticas oficiales, en las que no se analiza por separado fenómenos en el sur del país, con la violencia en el norte.

Demandó un debate más honesto y sofisticado en materia de cifras.

“La tentación en este momento que podría existir de utilizar la base como un parte de guerra acumulado, una tentación que de hecho se ha registrado, y mucho en la discusión pública y sobre todo en la de los medios, es el conteo, es una tentación que se debe resistir. Es tiempo de que entremos a un debate más honesto, más abierto y también más sofisticado”, señaló.

El empresario y presidente de la organización SOS, Alejandro Martí, hizo un exhorto a gobernadores, presidentes municipales y al Congreso a “jalar parejo” en el combate a la inseguridad.

Pidió creación de cárcel especial para secuestradores y dio la bienvenida a la disposición del nuevo presidente de la SCJN.

Reconoció también el trabajo que ha realizado el gobierno federal con la sociedad civil, pues “pocas veces es notable un real compromiso para empoderar a las organizaciones, lo cual reconozco”.